Hace algunos días, salió a la luz un borrador de una iniciativa de ley bastante polémica. Nos referimos a la que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo pública en su página oficial y redes sociales; misma que además de involucrar al estado, propone multas a redes sociales como Twitter o Facebook.
Una de las recientes iniciativas que han causado más discusión ha sido la propuesta de regulación de redes sociales por parte del Estado mexicano. Los objetivos principales de ésta son reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con las atribuciones necesarias para que pueda garantizar el ejercicio del derecho humano llamado libertad de expresión en el ámbito del ciberespacio.
Como ofrecí, aquí respondo algunas de las preguntas que me han formulado acerca del uso de las redes sociales y el proyecto de ley sobre su regulación. Recuerden que pueden seguir enviando sus dudas o sugerencias a: https://t.co/ZWW0oU5EWm https://t.co/n4Da79L8YN
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 12, 2021
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Bajo qué condiciones la IFT multaría a las plataformas
A pesar de que la iniciativa parece apelar a un derecho humano bien establecido, quedan varias dudas y recomendaciones que han sido señaladas por varios expertos y entidades especialistas en la materia. Una de estas cuestiones es la implementación de multas para las plataformas que no logren cumplir con lo que la nueva ley propondría.
De acuerdo con el documento que se encuentra en el foro abierto de la página de Ricardo Monreal, se busca implementar un esquema de sanciones en Unidades de Medidas de Actualización (UMAs) que al momento tiene un valor unitario de $89.62 MXN, sistema vigente en la Ciudad de México. La multa constaría de hasta un millón de UMAs (o sea, $89 MDP), y se establecería de acuerdo a las diferentes resoluciones del IFT.
Algunas de las condiciones para volverse acreedores a estas penalizaciones monetarias ya son conocidas: difusión de noticias falsas, publicación de contenidos que “ataquen a la moral“, difusión de contenidos que afecten el orden público, divulgación de datos privados, provocación de algún delito, afectación de derechos de menores de edad y difusión de mensajes de odio.
A pesar de esto hay otras circunstancias que, de acuerdocon el borrador inicial, las plataformas podrían ser multadas. Así, las redes que no presenten sus permisos, y aquellas que después de haber sido aprobada su operación realicen modificaciones en sus términos y condiciones sin notificar a la autoridad correspondiente pueden recibir una multa.
Además, las multas aplicarían para las empresas que no se apeguen a la normativa de los mecanismos manuales para la eliminación definitiva de cuentas y las reglas electorales que emitiría el INE. Hay que recordar que uno de los mecanismos propuestos por Monreal es que el algoritmo no debía decidir borrar para siempre una cuenta, sino que debe someterse a una revisión más exhaustiva.
"Se establece la prohibición a los autorizados de usar algoritmos o tecnologías sistematizadas para cancelar cuentas de manera definitiva. Para este caso, se dispone que los autorizados deberán contar con un área especializada en temas relacionados con libertad de expresión y derechos humanos. Esto encuentra fundamento en la necesidad de que al tratarse de un derecho humano pilar fundamental de la democracia, las decisiones que recaigan sobre este deben ser tomadas por personal calificado”.
Crítica a la iniciativa
Al respecto, varios expertos han hablado acerca de algunos vacíos que podrían llevar a caminos distintos a los que plantea la propuesta; este es el caso de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), publicó un comunicado donde uno de los puntos que desarrolla es el debate de la eliminación de cuentas, mismo que califica de un “estímulo para dejar de suspender o cancelar cuentas controversiales”. Esto podría alentar a los usuarios a quejarse de las decisiones de las plataformas ante el IFT, y la institución difícilmente llegaría a una resolución expedita; por lo que el usuario tendría la posibilidad de ampararse. Es decir, se lograría hacer algo contrario a los objetivos que plantea la iniciativa de Monreal. [tweet][/tweet]#ComunicadoAmedi 👉 https://t.co/cAMm2ItHRR
— Amedi (@amedi_ac) February 12, 2021
🔟 principios democráticos para la libertad de expresión en redes digitales
1️⃣Libertad
2️⃣Entorno adecuado
3️⃣Derechos humanos
4️⃣Protección
5️⃣Consentimiento
6️⃣Límites
7️⃣Transparencia
8️⃣Rendición de cuentas
9️⃣Rectificación
🔟Defensa pic.twitter.com/NetSiuwFIx
Finalmente dicho comunicado subrayó la necesidad de que la propuesta se enfocara en otros aspectos y no únicamente en la tarea de opinar: “La iniciativa sólo se enfoca en la opinión pero no en la libertad de recibir, investigar, difundir y debatir”; acciones que miles de usuarios mexicanos realizan diariamente.
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