Aún después de que termine ésta contingencia ambiental de la CDMX —porque habrán muchas más hasta que haya un cambio significativo en la conciencia ambiental de la sociedad—, es un hecho que la gente seguirá quejándose por las tarifas dinámicas de Uber. Probablemente no sea tanto como hace unos días, pero ya quedó un precedente difícil de olvidar, tanto, que el gobierno capitalino comienza a involucrarse.
En específico Héctor Serrano, el secretario de Movilidad, dice que se regularán los precios de Uber, además de que exigirán que todos los autos registrados con la empresa pasen revista vehicular, justo como lo hacen los taxis concesionados.
"No existe justificación alguna para que Uber haya incrementado de tal manera los costos del pasaje en la Ciudad de México, sobre todo en uno de los momentos más difíciles de la ciudad en materia de movilidad, cuando alrededor de 2 millones de autos dejaron de circular por problemas de contaminación ambiental."
Dicho de otro modo, las autoridades quieren eliminar la tarifa dinámica y poner una regulación más estricta para Uber, así como otros servicios similares —Cabify incluido—. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dice que a Uber no le queda más que acatar las reglas, pues es parte de las obligaciones que aceptó como empresa cuando entró en el marco de legalidad hace varios meses.
"La regulación de tarifas se realizará a través de medidas que trabajarán la Secretaría de Movilidad ante los abusos en los que incurrió la empresa durante la Fase 1 de Contingencia Ambiental, el pasado miércoles".
Y es que el gobierno cita que bajo el Artículo 164 de la Ley de Movilidad de la CDMX, el jefe de gobierno ejercerá el 8 de abril su capacidad para determinar las tarifas de todos los servicios de transporte público, en todas sus modalidades. Obviamente entre esos cambios está la exigencia a Uber, en castigo por sus "abusos", aunque aquí hay un pequeño inconveniente técnico: Uber y Cabify no son servicios de transporte público.
Como ya es tradición con todos los temas en los que el gobierno tiene una postura, en todas partes —Internet, periódicos, radio y TV— hay una maraña de opiniones que tratan de politizar el panorama, para bien o para mal. Que si "Uber nos enseñó una lección de capitalismo", que si "la codicia de una empresa se disfraza de leyes de mercado" —oferta y demanda—, que si "el descontento social ante una injusticia que atenta contra el bienestar de la población". El problema es que no se está abordando el tema desde la perspectiva correcta: la tecnología, siempre cambiante y en constante evolución, rompe con los esquemas legales o los convencionalismos sociales que tenemos muy arraigados.
Los dilemas que enfrenta el gobierno de la CDMX ante el polémico esquema de Uber ya se veían de lejos, cuando apenas organizaba debates para ver si lo legalizaba, porque justo como sucede en cada rincón del planeta, el sistema legal es demasiado lento para reaccionar ante el veloz avance de la industria tecnológica. Pasa en México, en Estados Unidos y en la Unión Europea. La controversia se escribe en el mismo contexto, sólo que con diferentes detalles.
La pregunta es si a pesar de la falta de entendimiento respecto al tema, el gobierno debe intervenir en el funcionamiento de la tarifa dinámica. Dejemos a un lado que a Uber tal vez no le interese ser una empresa socialmente responsable o que no quiere respetar su entorno socioeconómico —de eso lo acusan por no "solidarizarse con los ciudadanos ante un momento de necesidad" y no haber mantenido un límite de precio—, al final, no deja de ser una empresa privada.
Es fácil que por prestar un servicio para todo público, lo califiquemos de servicio público, pero estamos hablando de conceptos muy diferentes. El IMSS o el ISSSTE, en comparación con los Hospitales Ángeles, son excelente analogía: ofrecen el mismo tipo de servicio, pero por uno hay que pagar cantidades estratosféricas de dinero, mientras los otros son una prestación social. Con Uber la situación es mucho más compleja, porque su validación dentro del esquema de movilidad implicó que lo catalogaran de manera muy similar que los taxis —de ahí que todavía hay descontento de los taxistas—.
Pero una vez más, ¿cómo resolver el dilema cuando las plataformas de ridesharing están escribiendo una página completamente nueva en la economía y en materia de movilidad? Porque las tarifas dinámicas son apenas una de las muchas caras con las que está innovando la industria, ¿qué pasará cuando Uber decida que ya no necesita choferes gracias a que los autos de conducción autónoma por fin son confiables y eficientes? ¿Los gobiernos obligarán a las empresas y ajustarán los lineamientos de servicios de transporte público para seguir dando empleo a humanos o simplemente prohibirán el uso de los autos con inteligencia artificial?
Las respuestas para tantas interrogantes van más allá de una simple comparación entre la "atrocidad" de la tarifa dinámica y el funcionamiento del sistema de transporte público —sobre todo las que dicen que es igual a cobrar más por el boleto del Metro durante horas pico—. Hace falta un compromiso genuino del gobierno de cada país y localidad para integrar las nuevas tecnologías con los viejos esquemas, conseguir la sinergia adecuada. Uber dista de ser un santo y a decir verdad, en el marco internacional acostumbra cometer muchos errores en favor de maximizar su eficiencia, pero no ayuda que en este instante lo están usando como el distractor perfecto del verdadero problema: el Hoy no Circula y la decadente calidad del aire en la Ciudad de México.
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